Paternalismo bueno y paternalismo malo

Con frecuencia, en la vida cotidiana de las personas, de las familias, comunidades y pueblos se ven situaciones que con frecuencia se pueden calificar como de partenalistas. Y se aceptan también con frecuencia como normales o al menos aceptables.  Los padres son “paternalistas”; los gobernantes son “paternalistas” en muchos casos; los docentes con sus alumnos, y así sucesivamente.

Pero hasta donde ese paternalismo es bueno o malo, o conveniente y no conveniente. O todo paternalismo es “malo” o “bueno”, sin posiciones intermedias.  Para tratar de responder estas respuestas, hay que necesariamente tomar como referencia la libertad y la autonomía de las personas; pero además otros valores como la dignidad, la responsabilidad, la realización personal.  Ello demuestra que no es una tarea fácil tratar de limitar lo que puede llegar a ser un paternalismo bueno o malo, o en otras palabras, hay un paternalismo necesario y otro no necesario.  Es el fin de la presente reflexión.

En el texto de referencia, de Victoria Camps, titulado “Paternalismo y bien común”, se acepta que hay paternalismo bueno y otro malo.  Ello tomando como referencia la noción de libertad y de autonomía.  El malo restringe la libertad de las personas y su autonomía; el bueno, las favorece.  El paternalismo bueno busca el bien ajeno, el malo busca el propio bien, aprovecharse de una determinada situación. ¿Pero qué se puede entender en ese contexto por libertad? ¿Qué por autonomía?

La libertad según Berlin, citado por Camps, tiene dos dimensiones. Una dimensión negativa, que se pudiera llamar la libertad de hacer. Y otra positiva, que se podría calificar como la libertad de ser.  Las dos se complementan, siendo necesaria la primera para llegar a la segunda.  Cuando una persona paternalista se acerca a otra, puede llegar a afectar la libertad de hacer y de ser. Sucede cuando el padre sobreprotege al hijo y lo encierra con el pretexto de protegerlo; está limitando su libertad y su desarrollo autónomo. O cuando un gobierno se vuelve policivo en exceso, con el pretexto de que sus ciudadanos necesitan de protección y entonces comienza a inmiscuirse en su vida personal, llegando a limitar sus libertades básicas.  También un paternalismo que a primera vista pudiera calificarse como bueno, puede llegar a situaciones similares.  Cuando a una persona se le da todo lo que necesita (el dicho popular de que se le da el “pescado” y no se le enseña a pescar), entonces se cae en un paternalismo nocivo.

Es muy fácil traspasar esa línea entre el paternalismo bueno y el malo, más hacia el lado malo. Porque quien asume una actitud paternalista, con frecuencia termina considerando que tiene algunas prerrogativas o derechos sobre el protegido, y termina buscando sacar ventaja de dicha situación.  Esa invasión a la libertad y autonomía del otro, trae una afectación a su propio desarrollo, la cual depende del grado en que se manifiesta dichas situaciones paternalistas.  Por lo general son muy negativas, porque afectan el libre desarrollo de la persona protegida.

El paternalismo bueno es por tanto más difícil de lograr. Es un ideal más caro y más complejo. Lograr que el acercamiento al otro sea constructivo, para que ese Otro adquiera las competencias necesarias de ser libre y autónomo es una tarea que requiere de mucho tacto.  De hecho, debe ser un paternalismo que genere unas condiciones para el crecimiento personal, de formación para la libertad y la autonomía, que respete los límites, la dignidad, la persona que encarna el semejante.

En conclusión, es común en nuestra sociedad las manifestaciones paternalistas. Otros dirían asistencialistas,  pero en su dimensión negativa.  Es obvio que en ciertas circunstancias de lugar y tiempo, es necesario que exista ese paternalismo, que lo podríamos considerar como solidario. Pero se debe buscar que ese paternalismo pase a ser positivo, llegándose a construir una relación significativa con la persona vulnerable, personificante, dignificante. En otra palabras, humanizante.

Nerea Callens Barquero

¿Por una vivienda digna?

Al principio de nuestro blog hemos hablado de las necesidades básicas de un individuo dentro de una sociedad para que se cree ese “bienestar” que tanto nos promete el Estado.

Hoy quiero destacar una reseña que está sonando mucho durante varios meses en nuestro país, y es que la realidad que nos acecha a día de hoy, es que cada quince minutos en España se está produciendo un desahucio.

Lo primero que quiero destacar es uno de los artículos de los Derechos Humanos que definen bien lo que quiero manifestar ; se trata del articulo Artículo 25.1 “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”.

También podemos encontrar en nuestro ordenamiento jurídico dos artículos que reflejan el derecho de una vivienda digna, y son los siguientes: el artículo 47 argumenta que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”; y en el articulo 50 encontramos que “Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio”.

Indagando un poco sobre el tema he podido encontrar una iniciativa positiva en el que se ha creado un servicio municipal de atención frente a los desahucios, en Bilbao. Este órgano está formado por Acción Social y Viviendas Municipales, los cuales, se encargaran de hacer un seguimiento de la estrategia de actuación municipal ante las situación de desposesión de vivienda por sobreendeudamiento. Se establecerán medidas como facilitación de información, orientación y asesoramiento realizando un pre-diagnostico jurídico.

Con esta nueva iniciativa que se ha creado en esta comunidad autónoma, solo queda esperar que se vayan produciendo cambios para que las personas perjudicadas que están a punto de perder sus hogares puedan continuar teniendo ese derecho que tanto se menciona en nuestra Constitución, y que de esa manera sí que gocemos de un bienestar.

Rebeca Fernández-.

AUTONOMÍA Y BIENESTAR EN EL ÁMBITO LABORAL

La autonomía y el bienestar son más fáciles definirlos como conceptos, que llevarlos a la práctica debido a su complejidad. Es un dilema ético que encontramos en profesiones como: médicos, profesores, trabajadores sociales, etc.

Estos dos conceptos se pueden definir de la siguiente manera:

La autonomía es la condición de un individuo de no depender de nadie.

El bienestar es el estado en el que se hace sensible el buen funcionamiento de la actividad somática y psíquica.

Algunos ejemplos según profesiones en las que se pueden encontrar un conflicto ético son los siguientes:

En las profesiones sanitarias son temas controvertidos como: el aborto y la eutanasia. En este ámbito prevalece el deber de curar al enfermo sobre el deber de respetar sus decisiones.

En el ámbito escolar cuando un alumno voluntariamente deja los estudios. El profesor puede no decirle nada, no puede obligarle a que continúe, ya que es su decisión, pero es importante que le aconseje y explique distintas alternativas para que luego él elija la que mejor le convezca.

En el campo de los Servicios Sociales, los trabajadores sociales pueden tener casos en que en una pareja, uno de los dos le ha contado que tiene una enfermedad de transmisión sexual, pero el otro miembro de la pareja no es consciente de la enfermedad.

Otros casos pueden ser los de un usuario que consume drogas y una menor que esté embarazada y ambos se lo cuentan al profesional, sin embargo, sus padres no lo saben.

¿Qué haría el trabajador social en estos casos?

Por un lado, podría no decir nada ni a la pareja ni a los padres, ya que primaría el secreto de confidencialidad entre el trabajador y el usuario, y por tanto la autonomía de éstos al decir a quien contárselo.

Por el contario, el profesional se lo diría si para él lo fundamental fuera el bienestar de las personas, tanto de sus usuarios como de las personas de su entorno.

En muchas ocasiones trabajando se encuentran dilemas éticos en los que el profesional no sabe que hacer para solucionarlos, si que prevalezca la autonomía o el bienestar de la persona con la que trabaja. Habrá veces que será más una que la otra, su ética estará por delante o respetarán la de los demás.

Lo importante es intentar llevar un equilibrio entre autonomía y bienestar y no centrarse sólo en un punto de vista. El profesional tiene que reflexionar, sensibilizarse sobre el asunto y tomar una decisión  sensata y lo más satisfactoria para todos.

Bibliografía:

Salcedo Megales, Damián (1998). Autonomía y bienestar. La ética del Trabajo Social. Editorial Comares.

M ª Natividad Cabrero Sanz

CASOS PRÁCTICOS

Me gustaría proponer algunos casos para debatir y discutir sobre algo físico y tangible. ¿Qué podría opinar una persona defensora de la autonomía? ¿Y la defensora del bienestar? ¿En qué casos el lícito sobreponerse a la libertad de un individuo para hacer lo mejor para el bienestar social? y, por el contrario, ¿en qué casos podríamos disminuir el valor del bienestar social para imponer la decisión del individuo? Desde luego, la respuesta no es sencilla.

1.      Un caso que estamos viviendo actualmente es el de los desahucios. Desde luego, la persona desahuciada no quiere dejar su casa, en este caso, si la obligamos a marcharse, estaríamos actuando en contra de su voluntad, de su autonomía para buscar el bien común. Este bien sería el que buscan los bancos. Si permitimos a una familia que deje de pagar la hipoteca sin consecuencias, todo el mundo optará por hacerlo. Desde mi punto de vista, en este caso, la solución correcta sería actuar en contra de lo que marca el bienestar general, dado que se trata de una situación injusta. Las leyes en general, miran por el Bienestar de la sociedad y no se centran en el individuo ni en sus casos, creo sinceramente que antes que imponerlas, es necesario observarlas con cautela.

2.    El caso de una persona que, bajo el secreto profesional nos ha contado que padece una enfermedad sexual venérea grave y no  lo ha comentado con su pareja con la que mantiene relaciones sexual no seguras es un caso que llevamos observando y escuchando desde el principio de la carrera. Aún no hemos encontrado una solución adecuada para este problema. Desde la autonomía, trataríamos de conseguir que la persona enferma hablara con su pareja argumentándole las ventajas de ello pero, en caso de que no quisiera, por el bienestar de ambos, podríamos contárselo sin consentimiento, sin embargo, de esta forma romperíamos la confianza de esa persona en nosotros, burlando el secreto profesional e impidiendo que puedan realizarse nuevas intervenciones con el sujeto.

Este dilema se presenta muchas más veces, cuando el trabajador estima conveniente romper la confidencialidad o se pregunta sobre si debe hacerlo o no, cuando el trabajador social realiza informes que leerán otras personas… También podemos encontrarnos en esta situación al acudir a testificar a un juicio en el que se ha visto involucrado un paciente, momento en el cual debemos decidir si romper la confidencialidad o respetar la ley en lo que concierne a decir la verdad en el juzgado.

3.    Un caso más concreto es el de Pedro es un hombre soltero de 59 años que lleva conviviendo con una depresión endógena severa desde hace unos 20 años y en el último año le han diagnosticado un cáncer de laringe (en cuya intervención le quitarán las cuerdas vocales y se le realizará una traqueotomía, quedándose sin habla). En una de las entrevista con la trabajadora social, le comenta que ha puesto sus asuntos en orden y que tras tantos años con la depresión y el diagnóstico recibido, ha pensado suicidarse tomando una sobredosis de ansiolíticos, ya que no quiere pasar el último tramo de su vida en el hospital o quedar limitado de por vida por la laringuectomía. 

Teniendo en cuenta la autonomía, la  libertad de la persona y la competencia, Pedro tiene derecho a la autodeterminación y la libertad de elegir que quiere hacer con su propia vida, siempre teniendo en cuenta si es competente para tomar esta decisión. A este principio habría que sumar lo citado en el artículo 17 del Código Deontológico español donde textualmente “El Trabajador Social debe respetar las opiniones, criterios y decisiones que el usuario/cliente tome sobre su propia existencia, aunque no los comparta”. Sin embargo, si tenemos en cuenta el principio de protección de la vida y el bienestar de Pedro, la trabajadora social tendría que intervenir evitando que Pedro se suicidara (al menos en los momentos posteriores a la comunicación). En relación a esto entraría en juego el principio de confidencialidad, ya que de intervenir se tendrían que tomar medidas implicando a terceros profesionales debidamente informados, por tanto se les transmitiría la información estrictamente necesaria para su posterior tratamiento. Sin embargo, en este caso habría que tener en cuenta la calidad de vida que tendría Pedro en el futuro y los intereses de Pedro.

5.    He leído el caso de una madre soltera con cuatro hijas en adopción y/o acogimiento familiar. Actualmente no está utilizando ningún método anticonceptivo y según su situación, en caso de quedarse embarazada, de nuevo Menores se lo retiraría directamente en el hospital. Es un tema que ella no quiere tratar. En este caso, la autonomía de la persona dicta que dejemos que siga con su conducta, no quiere hablar del tema ni quiere utilizar protección con su pareja, sin embargo, para obtener el bienestar es necesario cerciorarnos de que toma precauciones a la hora de tener relaciones, para evitar males mayores más adelante.

A la vista de estos casos puede observarse que posicionarse en autonomía o bienestar resulta harto complicado, de forma que, en cada caso, como profesionales responsables, debemos decidir qué es lo mejor en términos generales y no dejarnos llevar por una idea genérica y teórica de qué es lo que está bien.

TERESA DÍAZ DE ATAURI

¿POLÍTICA SOCIAL Y/O ECONÓMICA?

¿QUE ESTÁ PASANDO CON EL ESTADO DE BIENESTAR?

¿HACIA DONDE NOS QUIEREN LLEVAR?

¿LA POLÍTICA SOCIAL PASA A UN SEGUNDO APARTADO?

Ahora que tanto se habla del estado del "malestar", conviene quizás remontarse a los orígenes del estado del bienestar para comprender mejor lo que está en juego. "La idea surge tras la devastación causada por la Segunda Guerra Mundial en Europa. Los partidos democráticos llegan a un consenso para dar 'protección' a los ciudadanos. Se trata en el fondo de intentar crear una sociedad más justa, con un reparto más equitativo de la riqueza entre la población y con el ideal del pleno empleo".

Tomás Fernández-García, 62 años, profesor titular de Trabajo Social en la UNED, lleva casi toda su vida profesional dedicado a la persecución de ese escurridizo "ideal", vapuleado ahora por la cruda austeridad. A la dura encrucijada le ha dedicado un extenso artículo -'El estado del bienestar frente a la crisis política, económica y social'- en el que arremete contra el neoliberalismo rampante por estar creando "situaciones de pobreza y exclusión social que no veíamos desde hace cuatro décadas".

¿Qué nos quedará del estado del bienestar?

Las situaciones de pobreza, paro, precariedad y falta de vivienda en España son ya intolerables.En los últimos cinco años hemos dado un paso atrás de varias décadas. Yo sigo reivindicando ese modelo que nos permitió alcanzar altas cotas de igualdad y solidaridad colectiva, frente a la codicia y la especulación de las élites económicas, que han sido las auténticas causantes de la crisis"."Nos quedará la capacidad para seguir luchando por los derechos sociales que tanto nos costó lograr. Yo sigo teniendo una gran esperanza en la capacidad de los ciudadanos para forzar los cambios desde la calle. No sé cuánto tiempo más puede durar este ataque feroz contra el modelo que ha permitido que millones de personas accedan a una vida digna, pero imagino que tendrá un límite, porque el sistema necesita del consumo de las clases medias y no se las puede seguir destruyendo como hasta ahora".

EL MEJOR Y EL PEOR DE LOS CASOS

"En el mejor de los casos, volveremos a conseguir algunos grados de bienestar, pero siempre estaremos muy por debajo de lo que tuvimos hace apenas cinco años, cuando los gastos sociales eran el 20% del PIB. Ahora debemos rondar el 13% o 14%, uno de los más bajos de Europa. Hay ya más de un millón de familias totalmente desprotegidas, y quienes más van a pagar la factura van a ser van ser las mujeres, los niños y los mayores. No tardaremos en perder nuestra posición privilegiada entre los países con mayor esperanza de vida".

De aquella experiencia surgió un vínculo que dura hasta ahora y que siempre tuvo como telón de fondo aquella lucha desigual (aunque había traficantes entre los marginados, y también policías de dudosa reputación que saltaban con pasmosa familiaridad entre los dos bandos)

La crisis nos afecta a todos, pero la capacidad de defensa es muy diferente según el lugar que se ocupe en la distribución la renta. La desigualdad económica es cada vez más grande. Los ricos son cada vez más ricos, y los pobres cada vez más pobres. Y lo cierto es que no podrán salir de esa situación de exclusión sin el apoyo del Estado.

JAIRO GARCIA APARICIO

EL PROYECTO DE UNA NUEVA SOCIEDAD, PROYECTO DE AUTONOMÍA SOCIAL E INDIVIDUAL

Ese proyecto, que en las palabras de Castoriadis, “…es creación política en su sentido más profundo, y cuyas tentativas de realización, desviadas o abortadas, han informado ya a la historia moderna”, está alimentado por la pasión de la autonomía, la cual, como dice Yago Franco, conduce a un ilimitado movimiento de cuestionamiento de lo instituido; es decir, como una “actividad constante de desinstitución de todo lugar-amo”, cuyo ejercicio es placentero en tanto nos posibilita darnos nuestras propias leyes, proporcionarnos de una manera lúcida un modo de lo social opuesto a la heteronomía, concebida ésta como un estado del colectivo en el cual la ley nos es impuesta o nos es dada aún en ignorancia de lo que sucede. Pues, como afirma este autor, “Las sociedades tienden a crear a un Amo de la significación, una instancia vivida como exterior a ellas, que tomará la forma de procedimientos de funcionamiento político, orden jurídico-legal (apropiado por una parte de la sociedad que domina a la otra), o tiranos, brujos, etc., todos vividos como naturales, incuestionables, originados en leyes divinas, o en héroes de una historia devenida novela, etc.”

Pasión por un principio en este tiempo en el que somos víctimas de los efectos del avance de la insignificancia, expresados, entre otros, en la pérdida de orientación para la vida colectiva e individual; y también en circunstancias y lugares donde nos amenazan prácticas totalitarias que persiguen, sutil o abiertamente, el secuestro de nuestras subjetividades y la prohibición de pensar críticamente, ávidas de tener almas rotas subordinadas incondicionalmente al poder. Con toda razón se señala que la noción de autonomía se encuentra en las antípodas de todo totalitarismo.

Es la pasión por la autonomía a la que otros autores también le han prestado atención con ópticas y herramientas conceptuales distintas, como Anthony Giddens, quien se refiere a dicho concepto como “la capacidad de los individuos de reflexionar por sí mismos y de autodeterminarse”, de tal manera que éstos, con base en sus propios criterios, puedan “deliberar, juzgar, elegir y actuar en diversos modos posibles de acción”. Pasión por un principio, según el cual se les reconoce a los individuos iguales derechos y obligaciones en la determinación de las condiciones de sus propias vidas, sin que ello, por supuesto, niegue los derechos de los demás.

Jairo García Aparicio

3º Trabajo Social

Ética y deontología del T.S.

ESCOLARIZACIÓN=INTEGRACIÓN??

Daniel tiene 10 años y lleva cuatro y medio sin ir al colegio. Es un niño con autismo y sus padres prefieren tenerle en casa antes que escolarizarle en un centro de educación especial; exigen que se le atienda en un colegio ordinario con los apoyos que hagan falta. Pero la Junta de Castilla y León  insiste en que el centro específico es la mejor opción, dadas las grandes necesidades de atención del chaval. Los tribunales de Palencia y el Superior de Justicia de la comunidad dieron la razón al Gobierno autónomo, pero ahora el Tribunal Constitucional acaba de admitir a trámite el recurso de amparo de la familia para revisar su caso.

Además, pesa sobre los padres una denuncia de abandono, ya que la escolarización es obligatoria por ley en España desde los 6 a los 16 años. Sabino Herrero, director provincial de Educación, dice que no tuvieron más remedio que informar del absentismo continuado a la Fiscalía de Menores, con lo que el proceso se puso en marcha, y recuerda que hay al menos cinco informes de especialistas psicopedagogos realizados en distintos momentos que no dejan lugar a dudas sobre la necesidad de atender al chico en un centro especial.

 “¿Cómo pueden hablar de abandono? Si me paso las 24 horas del día con él”, se queja por teléfono Azucena Ortega, la madre de Daniel. Ortega, de 45 años, cuenta que nunca aceptaron que su hijo vaya a un centro de educación especial, por lo que prefieren tenerle en casa. “Hacemos nuestros ejercicios de lectura global (con dibujos y letras), y trabajamos los números”, explica la madre. Está convencida de que tiene todo el derecho de exigir que su hijo vaya al centro ordinario, y a que la consejería ponga todos los medios posibles para que sea así.

La ley dice que el principio que debe guiar la educación de los menores con discapacidad (sea psíquica o física) es la inclusión, es decir, la integración en centros ordinarios de estos chavales. Sin embargo, admite que las Administraciones valorarán la necesidad de llevarles a otros centros especiales, aunque esto “solo se llevará a cabo cuando sus necesidades no puedan ser atendidas en el marco de las medidas de atención a la diversidad de los centros ordinarios”, señala la norma en vigor (LOE, 2006).

La sentencia de octubre del año pasado del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, tras la lectura de esos informes, concluye: “Daniel necesita algo más, mucho más que ajustes razonables respecto a lo que precisan sus compañeros de edad similar [...] Una cosa es que Daniel, con su total dignidad de persona tenga derecho a la educación y a integrarse en la educación ordinaria y a que se le presten ayudas y apoyos para lograrlo y otra muy diferente que toda la educación ordinaria de un aula ordinaria se transforme, de hecho, en un aula especial solo en su favor; ello excede la razonabilidad”, señala el fallo.

De nuevo quiero abrir un debate entre bienestar y autonomía, deberían estos padres resignarse y llevar a su hijo a un centro de educación especial o por el contrario tienen derecho a educarle en casa "a su manera". El tribunal constitucional ya ha dejado claro que una vez más predomina el bienestar frente a la autonomía.

NEREA CALLENS BARQUERO